La Cámara de Diputados bonaerense aprobó una ley clave que simplifica los procesos judiciales para el reclamo de alimentos. Este avance busca eliminar barreras que limitan el acceso a la justicia de niñas, niños, adolescentes y sus madres, contribuyendo a una mayor equidad en las relaciones familiares y judiciales.

El eje del proyecto es el fortalecimiento de la autonomía de las madres. Busca equiparar las condiciones de desigualdad y desequilibrio de poder en los procesos judiciales por incumplimiento de la cuota alimentaria.

La ley es resultado de un trabajo colaborativo en la Mesa de Trabajo sobre Obligación Alimentaria, creada tras la presentación del informe “Incumplimiento de la obligación alimentaria en la Provincia de Buenos Aires: Un problema estructural que profundiza las desigualdades de género” en 2022. Este informe, elaborado por la subsecretaría de Políticas de Género, a cargo de Lucía Portos, revela que:

El 65% de las mujeres bonaerenses no recibe la obligación alimentaria o solo la percibe de manera esporádica.

En hogares monomarentales, 7 de cada 10 mujeres no cuentan con el aporte económico del progenitor.

Estas cifras reflejan desigualdades de género que perpetúan la sobrecarga de cuidados sobre las mujeres, limitando su acceso al empleo formal y exacerbando el sobreendeudamiento de los hogares.

La nueva legislación introduce cambios fundamentales para mejorar el sistema de determinación y ejecución de la obligación alimentaria:

Parámetros para determinar el monto de la cuota alimentaria: se establece el uso del Índice de Crianza, desarrollado por el INDEC, como referencia para calcular la obligación.

Herramientas de notificación modernas: la ley admite el uso de aplicaciones de mensajería instantánea, como WhatsApp, para notificar demandas, facilitando el acceso a la justicia ante la imposibilidad de localización en domicilios.

Plazos rápidos para la prueba de informes: se fijan 5 días hábiles para entidades privadas y 7 para entidades públicas para responder a informes que determinen el monto de la cuota y el nivel de vida del demandado.

Multas e intereses: se establecen sanciones económicas para los progenitores que no se presenten a las audiencias judiciales sin justificación, agilizando los procesos.

Autonomía de las madres: se fortalece su capacidad de tomar decisiones en el proceso judicial, reduciendo los litigios y promoviendo resoluciones rápidas y pacíficas.

La ley también tiene un impacto directo en la reducción del litigio, agilizando los tiempos procesales y promoviendo mecanismos de resolución de conflictos. 

Con la aprobación de esta ley, la Provincia de Buenos Aires da un paso significativo hacia la equidad de género y la justicia social, abordando de manera integral un problema estructural que afecta a miles de hogares monomarentales.