El crecimiento vertical de los centros urbanos y la proliferación de macro-complejos habitacionales o comerciales en la provincia de Buenos Aires han transformado la administración de la Propiedad Horizontal en una actividad de alta complejidad jurídica y corporativa. Lo que históricamente se gestionaba bajo un esquema de vecindad, hoy demanda una auditoría legal y contable rigurosa, asimilable a la de una organización empresarial.

Sin embargo, la delegación de facultades de disposición de fondos y custodia de activos en la figura del administrador abre la puerta a un riesgo latente: los delitos e infracciones de carácter patrimonial originados por el abuso de confianza.

El Delito de Administración Fraudulenta en la Propiedad Horizontal

Desde la óptica del derecho penal económico, las conductas de desvío de fondos, falsificación de liquidaciones de expensas o la omisión deliberada del pago a proveedores y cargas sociales encuentran su encuadre típico en la administración fraudulenta (Art. 173, inc. 7 del Código Penal).

Este tipo penal exige la confluencia de elementos específicos que la dirección jurídica debe acreditar minuciosamente:

• La existencia de un manejo legalmente delegado: El administrador, en virtud de su designación por asamblea, posee el manejo y la custodia de bienes ajenos (los fondos consorciales).

• El quebrantamiento de los deberes de fidelidad: El acto de disposición patrimonial perjudicial, realizado con el fin de procurar para sí o para un tercero un lucro indebido.

• El perjuicio efectivo al patrimonio del consorcio: Un menoscabo real, verificable mediante pericias contables que demuestren la inconsistencia entre los ingresos percibidos y el destino real de las erogaciones.

En el ámbito penal, no basta con alegar una mala gestión o impericia contable; la estrategia procesal debe orientarse a demostrar el dolo directo: la intención deliberada de desviar el flujo de caja en detrimento del consorcio.

La Derivación de Responsabilidad en el Fuero Civil

De manera concomitante a la acción penal, la resolución de estos conflictos inmobiliarios corporativos exige un abordaje integral en el fuero civil. El ordenamiento unificado sistematiza de forma taxativa los deberes del administrador (Art. 2067 del Código Civil y Comercial), elevando el estándar de diligencia exigible.

Cuando un administrador infringe sus deberes —por ejemplo, al retener documentación consorcial, subcontratar servicios con sobreprecios o comprometer al consorcio en litigios innecesarios—, se activa la responsabilidad civil por los daños y perjuicios causados. Esta acción no solo busca la remoción inmediata del cargo, sino la reparación patrimonial plena, la cual puede extenderse al patrimonio personal del administrador infractor si se demuestra que actuó con culpa grave o de manera ultra vires (excediendo sus facultades).

Delimitación de la Legitimación Procesal: Una Acción Colectiva

Un aspecto técnico crítico que suele definir el éxito o el fracaso de la estrategia judicial es la correcta determinación de la legitimación activa. La personería jurídica reside en el Consorcio de Propietarios como ente diferenciado de sus miembros individuales (Art. 2044 del CCyCN).

Por lo tanto, la promoción de querellas penales por administración fraudulenta o las demandas civiles por daños y perjuicios contra el administrador deben ser iniciadas e impulsadas por el Consorcio de manera institucional. Un propietario de forma individual carece de facultades para arrogarse la representación de los fondos comunes o ejercer estas acciones en nombre de la copropiedad.

Para activar estos mecanismos de tutela patrimonial, es indispensable convocar a una Asamblea Extraordinaria donde se delibere sobre las irregularidades detectadas, se apruebe formalmente el inicio de las acciones legales y se otorguen los poderes judiciales correspondientes al nuevo representante legal o al patrocinio letrado designado.

Diagnóstico Oportuno: El Rol del Consejo de Propietarios y la Auditoría Preventiva

Ante esta limitación de la acción individual, el Consejo de Propietarios adquiere un rol estratégico fundamental como órgano interno de fiscalización (Art. 2064 del CCyCN). Es este cuerpo el llamado a ejercer el control de mérito, revisar los extractos bancarios, auditar el fondo de reserva y constatar la correspondencia de los libros de actas.

La falta de una dirección jurídica oportuna suele ser el factor común que permite la perpetuación de estas maniobras de vaciamiento o fraude a lo largo del tiempo. Los consorcios de gran envergadura a menudo detectan las anomalías cuando el pasivo acumulado con empresas prestadoras de servicios o el fisco ya ha puesto en riesgo el valor de las unidades funcionales. Ante la menor inconsistencia, la intervención de un especialista se vuelve perentoria para estructurar la auditoría legal previa que servirá de sustento insoslayable ante la futura asamblea y la posterior vía judicial.

Sobre el enfoque del Estudio Jurídico Panizo: La evaluación de carpetas patrimoniales complejas, auditorías jurídicas y el encuadre técnico de la legitimación procesal en litigios de propiedad horizontal de alta cuantía requieren un examen minucioso de cada documentación de respaldo, priorizando siempre la confidencialidad absoluta y el resguardo del valor real de los activos afectados.